COALICIONES COMUNITARIAS DEL CERCADO DE LIMA

TEXTO DEL COMPROMISO ETICO CONTRA LA INFILTRACIÓN DEL NARCOTRÁFICO EN LOS PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS DEL PERÚ

Las elecciones del 2010 y 2011 constituyen para los peruanos una oportunidad para fortalecer los partidos y movimientos políticos y elevar el grado de legitimidad de los representantes elegidos por el voto ciudadano y de las instituciones desde donde sirven al Perú.

Con ese propósito, los partidos y movimientos políticos comprometidos con los valores y principios del Estado de Derecho, asumimos la responsabilidad de promover y desarrollar una competencia electoral transparente, impidiendo la intervención del narcotráfico en nuestras actividades y decisiones.

En tal sentido, suscribimos el presente

La firma de este compromiso constituye un mensaje claro de la voluntad de los partidos y movimientos políticos de enfrentar resueltamente el narcotráfico y sus intentos de intervenir en la vida política del país. Nuestro propósito es promover y desarrollar entre nuestros afiliados una permanente actividad de información y capacitación respecto de la realidad del tráfico ilícito de drogas en el Perú y afirmar en nuestras colectividades una clara conciencia crítica sobre los riesgos que representa el narcotráfico para el sistema democrático peruano.

Desde la suscripción de este documento asumimos el compromiso de:

1. Establecer rigurosos procedimientos de selección de nuestros candidatos, promoviendo la veracidad y la transparencia de la información sobre los antecedentes de los aspirantes a cargos de elección popular, procurando evitar que en nuestras organizaciones se despliegue la acción del narcotráfico. Asimismo, estableceremos procedimientos que busquen evitar incluir como candidatos a los aspirantes que hayan sido sentenciados por delitos de tráfico ilícito de drogas y/o en tanto se encuentren investigados.

2. Incorporar al proceso de selección de candidatos el requisito de la presentación de una declaración jurada de antecedentes penales y judiciales, así como de ingresos y bienes, que deberán efectuar los precandidatos ante las dirigencias de sus organizaciones políticas.

La referida declaración jurada incluirá además el compromiso de los precandidatos de informar mensualmente al tesorero de su organización sobre los gastos de campaña en período electoral, incluidas las donaciones, autorizando la verificación de los datos consignados. En el mismo sentido, nos comprometemos a no considerar como candidato a cargo de elección popular al aspirante que no pueda justificar razonablemente sus bienes e ingresos y los orígenes de los mismos.

3. No aceptar donaciones o alguna otra forma de colaboración y financiamiento consideradas en el artículo 30º de la Ley de Partidos Políticos, de personas naturales o jurídicas que, al momento de realizar la donación, no declaren expresamente que no han sido notificadas formalmente de encontrarse comprendidas en un proceso de investigación policial, del Ministerio Público o de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en relación al Tráfico de Drogas, en los tipos penales señalados entre los artículos 296º al 301º del Código Penal.

Este compromiso se extiende a los casos en que las investigaciones se hayan convertido en causa judicial o conlleven sentencias en primera instancia por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas.

4. Adecuar las normas estatutarias o reglamentarias de nuestras instituciones, según sea el caso, para cumplir los compromisos asumidos en un plazo no mayor de 150 días de suscrito el presente documento.

5. Respaldar en el Congreso de la República la aprobación de una norma que faculte a las autoridades competentes a declarar la vacancia del cargo de quienes elegidos por votación popular hayan faltado a la verdad en los datos consignados en la declaración jurada señalada en el numeral 2 del presente documento.

Exhortaciones

Solicitamos a la ciudadanía en general y a los medios de comunicación que apoyen y difundan la vigencia del presente Compromiso Ético y se mantengan vigilantes para dar cuenta de cualquier incumplimiento. Solicitamos a los Poderes del Estado y a los organismos constitucionalmente autónomos dispongan que las entidades a su cargo brinden la información que sea requerida por la instancia de seguimiento que este compromiso establece y por los partidos y movimientos políticos con inscripción vigente en el Jurado Nacional de Elecciones, de manera gratuita.
Invocamos al Gobierno Nacional y al Congreso de la República la implementación de lo dispuesto en la Ley de Partidos Políticos en relación al financiamiento público de los partidos políticos.
Solicitamos a la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas –DEVIDA-, proporcionar a las organizaciones políticas que participen en los procesos electorales información y orientación que nos permita incorporar en nuestros planes de gobierno nacionales, regionales y/o municipales propuestas destinadas
a emprender una lucha frontal contra el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos, comprometiéndonos a ponerlas en ejecución en caso de ser elegidos. Asimismo, que promueva la suscripción de convenios con entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, que permitan implementar el presente Compromiso.

Para el efectivo cumplimiento del presente Compromiso Ético se constituirá una Comisión de Seguimiento. La referida Comisión estará integrada por un representante de la sociedad peruana elegido por consenso entre las agrupaciones políticas que suscriban el Compromiso. Asimismo se invitará a la Oficina Nacional de Procesos Electorales ONPE y a la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas DEVIDA para que designen a sus respectivos representantes.
El objetivo de la Comisión será promover y verificar el cumplimiento del Compromiso Ético, así como orientar a los partidos políticos en su implementación. La Comisión de Seguimiento tendrá una Secretaría Técnica para brindarle el apoyo correspondiente.
Para el logro de los objetivos planteados, la Secretaría Técnica gestionará se capacite al personal designado por los partidos para analizar la información consignada por los candidatos en sus hojas de vida; contribuirá a fortalecer las capacidades de los partidos para el análisis de los aportes y colaboraciones; y trabajará, en colaboración con otras entidades, en la elaboración de un “mapa de riesgo” que permita a los partidos poner especial cuidado en aquellas zonas consideradas como sensibles.

Este compromiso empezará a regir a partir de la firma de los representantes autorizados de los partidos y agrupaciones políticas.

Firmado en la ciudad de Lima, a los diecinueve días del mes de abril del dos mil diez.